De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda (2021), 85,5% de las personas han sufrido violencia y/o acoso laboral. Este año, nuestro país ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Asimismo, reconoce que es indispensable contar con un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas y los factores de riesgo desde una mirada preventiva. La ratificación por parte de Argentina implica la obligación de aplicarlo en la legislación y en las prácticas nacionales.
Por parte de los empleadores, el Convenio requiere que lleven adelante diversas medidas para prevenir la violencia y el acoso en el ámbito laboral, como por ejemplo: la adopción y aplicación de una política relativa a la violencia y el acoso; tener estos puntos en cuenta -así como los riesgos psicosociales asociados- en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; el desarrollo de procesos y prácticas para prevenir y controlar peligros y riesgos de la violencia y el acoso; así como también la capacitación sobre la problemática a todo el equipo de trabajo, que puede hacerse extensiva a la cadena de valor.
Otro de los puntos que señala el Convenio es que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad así como la seguridad y salud, y que por lo tanto desde las organizaciones se puede contribuir a reconocer, afrontar y abordar su impacto, de modo de mitigarlo. Para ello se pueden establecer licencias para las víctimas de violencia doméstica, modalidades de trabajo flexibles, protección temporal de las víctimas de violencia doméstica contra el despido, un sistema de orientación hacia mecanismos públicos de mitigación de la violencia doméstica, así como sensibilización con respecto a la problemática.
Así, tras reconocer en su preámbulo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son incompatibles con el trabajo decente, este Convenio insta a los Estados a respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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